De la debida diligencia en el papel a la debida diligencia en el territorio

En los últimos meses el Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR) ha sido tema recurrente en las mesas de sostenibilidad y comercio exterior. Hoy las grandes empresas comercializadoras, los gremios y muchas asociaciones conocen cada vez mejor los detalles de esta regulación y lo que implica para el acceso a los mercados europeos.

Pero pasar de ahí al rol de los productores, quienes están en la primera fila de la cadena, es otro desafío completamente distinto. Lo es porque Colombia es un país enorme, diverso y profundamente complejo. Un país lleno de maravillas, pero también marcado por múltiples conflictividades en los territorios que no siempre aparecen reflejadas en los marcos regulatorios.

Durante años hemos hablado de la debida diligencia. De que algún día sería obligatoria y de que era mejor prepararse que quedar por fuera de los mercados internacionales. Hoy ese momento está mucho más cerca. Aunque la exigencia formal de realizar procesos de debida diligencia recae en los operadores que comercializan productos en Europa, en la práctica nada de esto será posible sin el rol de los productores, de las familias que están en el campo sembrando el café y el cacao.

Ahí es donde empiezan a aparecer los verdaderos retos.

En el marco del EUDR se habla de tres grandes dimensiones de riesgo: los riesgos ambientales, los sistemas de trazabilidad y los aspectos relacionados con la legalidad. Pero vale la pena detenerse un momento en esta última palabra: legalidad. ¿Qué significa realmente hablar de legalidad en un país como Colombia?

Detrás de ese término aparentemente simple se encuentra un universo enorme de normas y realidades. Legalidad implica cumplir con las leyes laborales, con la normativa sobre tierras, con la regulación ambiental y con los estándares de derechos humanos que el país ha adoptado a lo largo de décadas. Colombia ha ratificado una gran cantidad de convenios internacionales y cuenta con marcos regulatorios extensos en muchos de estos temas.

En teoría, todo esto forma parte de la legalidad.

Pero cuando esa discusión llega al territorio, la realidad es mucho más compleja.

Uno de los retos más grandes tiene que ver con la tenencia de la tierra. En un país marcado por la informalidad rural y por décadas de violencia que han despojado a miles de personas de sus tierras, demostrar la legalidad de la tenencia no siempre es un ejercicio sencillo. Existen predios ocupados bajo figuras de sana posesión, tierras que están en procesos de restitución, o situaciones jurídicas que llevan años sin resolverse.

En ese contexto, reducir la discusión a si se cumple o no se cumple con la legalidad resulta demasiado simplista, y más en Colombia, donde no todo es blanco o negro.

Muchas veces lo que existen son procesos graduales, zonas grises, avances progresivos que requieren voluntad, acompañamiento técnico y apoyo constante para fortalecer las capacidades en el campo. Se trata de entender que modernizar las cadenas productivas también implica generar incentivos para hacer las cosas bien y fortalecer relaciones de confianza con mercados que valoran estos procesos.

Los desafíos también aparecen en otros frentes. Por ejemplo, en los temas laborales. No siempre es tan sencillo como afirmar que todos los trabajadores están afiliados a la seguridad social. Las dinámicas del trabajo en el campo, las temporadas de cosecha y la naturaleza misma de la producción agrícola hacen que estas discusiones deban abordarse entendiendo cómo funcionan realmente las jornadas de trabajo y las relaciones laborales en los territorios.

A esto se suma otro reto fundamental: el papel de las mujeres en las cadenas productivas. En muchos casos las mujeres cumplen un rol clave en la producción, pero todavía enfrentan barreras importantes para participar plenamente en la comercialización, en la toma de decisiones y en el liderazgo de las organizaciones. Fortalecer ese rol también es parte de la conversación.

Todos estos elementos muestran que pasar de la teoría a la práctica en los procesos de debida diligencia no es un ejercicio simple. Implica reconocer la complejidad de los territorios y trabajar para cerrar brechas que muchas veces son históricas. Pero también implica reconocer el enorme potencial que tiene el país.

Colombia cuenta con productores comprometidos, con organizaciones que han avanzado de manera significativa en sostenibilidad y con cadenas productivas que han demostrado una gran capacidad de adaptación. El desafío ahora es seguir fortaleciendo esos procesos y construir puentes entre las exigencias regulatorias internacionales y las realidades del territorio.

Porque al final, más que discutir si se cumple o no se cumple, lo importante es avanzar en procesos que permitan construir cadenas productivas cada vez más sólidas, transparentes y respetuosas de los derechos humanos.

En un país como Colombia, lleno de matices, también existe una enorme riqueza y una oportunidad para seguir avanzando.

María José Romero

Directora, Rights Lab